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El costo de sostener las altas cortes y el Tribunal Superior Administrativo en la República Dominicana requiere distinguir entre los sueldos de los magistrados y el presupuesto completo institucional para evitar conclusiones erróneas sobre el gasto público. Con base en las nóminas de septiembre y octubre de 2026, las 51 plazas judiciales evaluadas muestran ingresos brutos mensuales considerables: en el Tribunal Constitucional oscilan entre RD716,857 y RD835,442; en la Suprema Corte de Justicia, entre RD631,500 y RD634,500; en el TSA, entre RD369,376.89 y RD434,765.63; y en el TSE alcanzan hasta RD$530,687.50 para su presidencia.
Proyectando las remuneraciones de los magistrados de la Suprema Corte —tomando sus 17 plazas—, la suma asciende a aproximadamente RD28,981,389.92 mensuales, lo que representaría cerca de RD347,776,679.04 anuales sin contar pensiones, bonificaciones, aportes patronales ni personal administrativo. Asimismo, el gasto estatal continúa tras el cese de funciones a través de las pensiones de exjueces, las cuales en el Tribunal Constitucional van desde RD329,712 hasta RD752,154 mensuales, mientras que el reglamento del TSE contempla un retiro del 100% del salario bajo ciertos requisitos de servicio público.
La dimensión presupuestaria general es aún mayor si se observa la ejecución institucional real: solo en septiembre de 2026, el Tribunal Constitucional ejecutó RD145,894,331.98 y el TSE RD89,030,940.46, sumando un total de RD$234,925,272.44 que ya comprende el funcionamiento de ambas entidades. No obstante, los documentos disponibles no permiten unificar un desglose completo y comparable para los cuatro tribunales, lo que evidencia que la transparencia íntegra de estos recursos es indispensable para exigir decisiones oportunas, eficiencia y una justicia accesible.
Al contrastar estas cifras con el sector educativo, según el MINERD, el salario promedio mensual docente en 2025 fue de RD66,509 en primaria y RD62,598 en secundaria, lo que significa que las remuneraciones de los magistrados equivalen a entre seis y trece salarios de un profesor de secundaria. Aunque se tratan de naturalezas distintas, esta brecha expone una disparidad significativa entre quienes administran la justicia y quienes forman a las nuevas generaciones del país.
Esta marcada diferencia salarial abre un debate público necesario sobre las prioridades y la equidad en las políticas del Estado. Si bien la alta responsabilidad judicial justifica una remuneración adecuada para proteger su independencia, la enseñanza también demanda una inversión justa que mejore las condiciones del magisterio y fortalezca su retiro, recordando que la calidad institucional depende tanto de jueces sólidos como de maestros dignificados.
