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lunes, 16 de noviembre de 2026

LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO Y SU SOLUCIÓN: La instancia laboral III.

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Por Águeda Ramírez de Rodríguez.

Sobre los efectos jurídicos del apoderamiento, el Dr. Rafael Alburquerque nos presenta un examen de las consecuencias comunes a cualquier proceso y nos explica por separado un resultado de la legislación positiva dominicana. Estos efectos son dos:
• Efectos comunes.
Depositado el escrito de demanda en la secretaría del tribunal, la jurisdicción queda inmediatamente apoderada, día el cual deberá tomarse en cuenta para examinar la competencia, la admisibilidad o lo bien fundado de la pretensión, siendo esta la fecha en la que eventualmente surge la litispendencia, es decir, hace nacer una situación jurídica nueva en las relaciones entre las partes y entre ellas y el juez. 
La interrupción de la prescripción se deriva del apoderamiento del tribunal, aunque el mismo sea incompetente, el criterio de la interrupción reside en la expresión solemne de la voluntad del acreedor de no dejar extinguir su derecho.
Si el demandante desiste de su demanda o si la misma es rechazada, la interrupción se considera como no ocurrida. Lo mismo ocurrirá si la citación es nula por vicio de forma, pero en materia laboral ningún acto de procedimiento se declara nulo por vicio de forma.
La prevención de instancia también es considerada como causa que provoca la desaparición del efecto interrumpido. La cancelación del rol de audiencia no afecta el efecto interruptivo.
La puesta en mora tiene como resultado hacer correr los intereses de las obligaciones que se limitan al pago de cierta cantidad, los cuales se deben a partir del día de la demanda, por lo que una interpretación al pie de la letra del texto legal obliga a considerar que la puesta en mora se ha producido con el depósito del escrito de demanda, no obstante el autor es de criterio, por razones de simple equidad,  que los intereses moratorios en materia laboral solo comienza a correr a partir de la fecha de la citación al demandado.
El articulo 91 de la ley 183-02, denominada Código Monetario y Financiero, de fecha 3 de diciembre de 2002 derogó el interés legal fijado en la Orden Ejecutiva 312 del 1 de julio de 1919, y dispuso en su artículo 24 que el interés debe ser fijado libremente por las partes en el contrato.
En base a esta nueva norma legal, la jurisprudencia sostuvo originalmente que ya no era posible la condenación a intereses moratorios. De haberse mantenido este criterio, hubiese sido imposible sancionar al deudor de una suma de dinero que se retrasase o no cumpliese con su obligación en la fecha convenida, a meno que las partes hubiesen acordado un interés determinado en el contrato.
La Corte de Casación lo ha comprendido, y en una decisión de su primera Sala ha expresado que la desaparición del interés legal no implica que el acreedor no tenga derecho a ser indemnizado por la tardanza de su deudor, pues, de ser así se generaría un estado de inequidad y una distorsión de las relaciones contractuales. Por consiguiente, los jueces podrán fijar intereses judiciales a títulos de indemnización compensatorio, siempre y cuando los mismos no excedan el promedio de las tasas de interés activas imperantes en el mercado al momento de su fallo;
Otro efecto del apoderamiento que nos presenta el Dr. Alburquerque es que lo laboral mantiene en estado a lo penal.
Aunque compete a los tribunales ordinarios el conocimiento de las infracciones penales previstas en el Código de Trabajo, la acción pública debe ser sobreseída hasta que los tribunales de trabajo decidan definitivamente sobre cualquier litigio conexo a dichas infracciones.
Las persecuciones y procedimientos penales en curso ante los tribunales ordinarios quedan sobreseídos al iniciarse cualquier demanda ante los tribunales de trabajo. La misma regla se aplica para los conflictos económicos que se sometan a conciliación y arbitraje. Los efectos de esta norma legal son resumidos en la expresión: lo laboral mantiene en estado lo penal, acuñada por la práctica judicial.
Opina el autor Pellerano Gómez, que la regla lo laboral mantiene en estado lo penal debe ser declarada inconstitucional, ya que transgrede el principio de igualdad consagrado en los artículos 8 acápite 5, y el 100 de la Constitución de 1966, el 39 de la constitución del 2010 y el 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Según este autor, tal precepto crea un privilegio a favor de empleadores y de trabajadores, en detrimento de todas las demás personas que en sus relaciones jurídicas se rigen por otros estatutos jurídicos distintos del Derecho laboral, como son la gran mayoría de los casos en que se involucran, la universalidad de los ciudadanos y de las empresas y sociedades, que son de naturaleza civil, comercial, monetaria, financiera, tributaria, etc., y agrega en su argumentación que con la regla lo laboral mantiene en estado lo penal, se pasa de un régimen jurídico aplicable a todas las personas que abarca a todas las personas y a las materias distintas a lo penal a un régimen de excepción que beneficia a una sola clase de particulares cuyo interés de todos los dominicanos, quienes se encuentran presentes en las consideraciones de orden público en que se basa la norma derogada.
Solo con la determinación de su ámbito de aplicación se podrá entender el verdadero significado de esta norma excepcional, y de este modo demostrar que no existe en sus alcances, vulneración al canon constitucional.
El propósito esencial de la norma lo laboral mantiene en estado lo penal es evitar que la jurisdicción penal pueda sancionar una infracción prevista en el Código de Trabajo antes de que haya sido formalmente tipificada por el tribunal de trabajo que conoce la demanda fundamentada en el hecho ilícito. Esta regla puede ser aplicada si se presentan dos condiciones, a falta de una de las cuales deja de tener aplicación.
• Que se trate de una infracción penal prevista en el Código de Trabajo. El tribunal penal solo está obligado a sobreseer el conocimiento de la acción pública si la infracción que persigue es una transgresión a la ley laboral sancionada penalmente.
• Que haya conexidad entre esta infracción penal y un litigio en curso ante los tribunales de trabajo. Es necesario además que exista una relación de conexidad entre el hecho que juzga el tribunal penal y la demanda que conoce el tribunal de trabajo. 
La conexidad implica que la decisión a intervenir en lo laboral sea necesaria para que el tribunal de lo penal pueda decidir si sanciona o no a la persona sometida por ante su jurisdicción. Es menester que la acción penal se derive de los mismos hechos que originan la acción laboral o que guarde una relación directa con la misma 

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