.webp)
La propuesta de la Junta Central Electoral de reducir de tres a dos las diputaciones de Barahona para las elecciones de 2028 plantea un debate que trasciende el ahorro público: afecta la representación territorial, el pluralismo y la selección de candidaturas. El borrador desarrolla la reforma constitucional de 2024, que disminuyó de 178 a 158 los diputados territoriales y estableció su distribución según la población electoral. Sin embargo, esa reducción nacional no determina expresamente que Barahona deba perder un representante. Con 135,743 electores y un cociente aproximado de 2.95, la asignación de dos escaños merece una explicación técnica sobre el tratamiento de las fracciones y las alternativas compatibles con la proporcionalidad.
Para Barahona, perder una diputación supone reducir su representación un 33.33%, frente al 11.24% de disminución nacional de los escaños territoriales. También aumenta la población electoral atendida por cada diputado y limita la posibilidad de que tres organizaciones políticas diferentes alcancen representación provincial. El ahorro presupuestario constituye una ventaja general, pero no garantiza que los recursos economizados se inviertan en la provincia. Aunque menos representantes podrían facilitar la coordinación y la vigilancia ciudadana, también habría menos voces para fiscalizar, participar en comisiones y defender las necesidades de los municipios y comunidades barahoneras.
La reducción debe analizarse conjuntamente con la cuota de género. El artículo 53 de la Ley 33-18 y el artículo 142 de la Ley 20-23, interpretado mediante la Sentencia TC/0620/23, exigen aplicar la proporción de 40%–60% de hombres y mujeres por demarcación territorial. En una lista completa de dos candidaturas, su cumplimiento conduce necesariamente a postular una mujer y un hombre. Esto asegura equilibrio en la oferta electoral, pero no garantiza una diputada: si dos partidos obtienen un escaño cada uno y sus candidatos masculinos reciben las preferencias necesarias, ambos representantes podrían ser hombres. La cuota de candidaturas y la composición final de la representación son cuestiones diferentes.
Esta obligación puede generar conflictos cuando los partidos celebran procesos internos, presentan los resultados como una clasificación general y posteriormente excluyen a hombres con mayor votación para completar la cuota. El perjuicio político para el aspirante y la frustración de sus electores son comprensibles. No obstante, obtener más votos no convierte automáticamente toda exclusión en una violación de derechos, porque la selección también debe respetar las condiciones legales de integración de la lista. Lo que sí exige control es la aplicación arbitraria: cambiar reglas después de votar, desconocer derechos adquiridos o utilizar la cuota como pretexto para favorecer candidaturas. El TSE ha señalado la necesidad de armonizar los derechos de los ganadores internos con la proporción de género y las reservas disponibles.
Una alternativa para Barahona sería establecer anticipadamente, mediante reglas compatibles con la legislación y la regulación electoral, que las primarias seleccionarán al hombre más votado y a la mujer más votada. Todos los aspirantes podrían participar, pero conocerían desde la convocatoria cómo se adjudicarán las dos candidaturas. Así, la mujer tendría que competir con las demás aspirantes y los hombres disputarían la candidatura masculina, sin presentar como ganador definitivo a quien después deba ser desplazado. Este procedimiento daría mayor transparencia y previsibilidad, aunque requeriría precisar la forma de votación, los desempates y su relación con las reservas y alianzas.
La discusión debe procurar que la proporcionalidad territorial, la igualdad entre mujeres y hombres y la democracia interna funcionen de manera coherente. El artículo 39 de la Constitución y las sentencias TC/0104/20 y TC/0620/23 respaldan medidas para lograr una participación equilibrada y efectiva; ese fundamento también exige cuidar su aplicación. La JCE debería justificar el reparto propuesto y establecer reglas claras de integración de candidaturas para 2028, mientras los partidos deben incorporarlas desde sus procesos internos. Barahona necesita una representación suficiente y diversa, y sus aspirantes merecen competir con reglas conocidas, decisiones motivadas y oportunidades reales de elección.
