«Ese roba, pero resuelve». Hay quienes dicen eso sin detenerse a pensar en lo que están justificando. Les basta con que un funcionario les consiga un empleo, les pague una receta o les haga un favor para restarle importancia a cómo administra el dinero público. Hasta lo defienden con entusiasmo, como si ayudar a unas cuantas personas le diera derecho a quedarse con lo que pertenece a todos.
Ahí tenemos un problema que no se resuelve únicamente llevando expedientes a los tribunales. El que roba debe responder por sus actos, pero también hay que discutir por qué encuentra tanta gente dispuesta a excusarlo. Nadie mete la mano por él en el presupuesto; sin embargo, hay quienes le facilitan mantenerse en el cargo, conservar influencia y seguir haciendo lo mismo.
En nuestro país, la indignación por la corrupción cambia demasiado según el partido al que pertenezca el señalado. Una denuncia contra el adversario provoca exigencias de cárcel y condenas anticipadas. Si involucra a alguien cercano, aparecen las reservas, las explicaciones y el intento de desacreditar a quien la presenta. Algunos ni siquiera preguntan qué ocurrió. Preguntan quién hizo la denuncia para decidir si deben tomarla en serio.
Quienes participamos en política tenemos que hablar de esto con franqueza. La militancia no puede obligarnos a defender lo que sabemos que está mal. Si exigimos que se investigue a un funcionario del Gobierno, debemos sostener esa misma posición cuando la denuncia afecta a un compañero. De lo contrario, estamos reclamando un trato que no estamos dispuestos a aceptar para los nuestros.
Eso tampoco significa convertir una acusación en una sentencia. Una persona denunciada tiene derecho a defenderse y a que se respete el debido proceso. Precisamente por eso hacen falta investigaciones serias, pruebas y tribunales que decidan sin presiones. Pero invocar la presunción de inocencia para impedir que se investigue es otra cosa. También lo es declarar perseguido político a cualquiera que tenga que explicar el manejo de fondos públicos.
La tolerancia se hace concreta cuando un superior recibe advertencias sobre irregularidades y decide ignorarlas. Cuando se conserva a un funcionario cuestionado porque tiene respaldo político. Cuando se castiga al empleado que denuncia y se protege al que autorizó el abuso. Cada una de esas decisiones permite que el daño continúe y deja a los demás empleados una razón para callarse.
Por eso resulta insuficiente que un gobernante diga que cada quien responde por sus hechos. Claro que existe una responsabilidad individual. También existe la responsabilidad de quien nombra, supervisa y tiene autoridad para corregir. Si recibió información y no actuó, tendrá que explicar su omisión. Y si los controles fallan una y otra vez, le corresponde corregirlos. No puede limitarse a expresar sorpresa cada vez que estalla un escándalo.
Mientras tanto, el costo lo paga gente que nunca estuvo cerca de una oficina de compras ni de una licitación. Una obra pagada y abandonada deja una comunidad esperando. Los medicamentos que no llegan obligan a una familia a buscar dinero donde no tiene. Un contrato inflado consume recursos que hacían falta para atender otras necesidades. Cuando hablamos de corrupción, estamos hablando también de esas consecuencias.
Hay ciudadanos que dependen de un favor para conseguir una ayuda que debería estar garantizada. Esa necesidad merece comprensión. Pero aprovecharla para comprar silencio y gratitud es un abuso adicional. El dinero con el que un funcionario entrega una ayuda pública no sale de su bolsillo. Nadie debería sentirse obligado a defenderlo porque recibió un servicio o una asistencia que le correspondía.
La ciudadanía también tiene decisiones que tomar: qué justifica, a quién premia y qué está dispuesta a reclamarle a sus representantes. Eso no la hace responsable del robo que comete un funcionario. Sí obliga a reconocer que celebrar su riqueza inexplicable, pedirle favores y promover su regreso al cargo contribuye a que conserve poder, incluso después de haber perdido toda credibilidad.
No acepto que tengamos que resignarnos porque «todos son iguales». Esa frase termina siendo una excusa cómoda para no exigirle cuentas a nadie. Hay diferencias que deben probarse en la conducta: permitir una investigación, entregar la información requerida, actuar ante una irregularidad y aceptar las consecuencias cuando se demuestra una falta.
A un dirigente se le conoce también por lo que está dispuesto a tolerar entre los suyos. Denunciar al contrario cuesta poco. Exigir que un compañero responda, aun cuando tenga votos, dinero o influencia, es donde se prueba la seriedad de lo que uno dice. Si ante ese compromiso preferimos callarnos, después no podemos pedirle al país que crea en nuestra lucha contra la corrupción.
El autor: Dirigente político y comunicador
