SANTO DOMINGO: El Poder Ejecutivo promulgó la Ley núm. 87-26, que modifica varios artículos de la Ley 339-22 sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, con el propósito de agilizar los procesos judiciales, fortalecer la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios de justicia.
La normativa establece que los trámites judiciales se realizarán prioritariamente por medios digitales, sin eliminar la atención presencial.
De esta manera, las personas que no dispongan de internet, equipos tecnológicos o conocimientos necesarios podrán continuar realizando sus gestiones directamente en las sedes judiciales.
Entre las principales novedades figura la utilización de firmas digitales y electrónicas cualificadas para validar sentencias, resoluciones y otros documentos judiciales, otorgándoles plena validez jurídica sin necesidad de certificaciones adicionales.
Asimismo, la ley contempla la creación de un sistema digital de georreferenciación que permitirá registrar en tiempo real la fecha, hora y ubicación de las diligencias realizadas por los alguaciles, con el objetivo de garantizar mayor control y transparencia.
La legislación también regula las audiencias presenciales, semipresenciales y virtuales, permitiendo estas últimas en todas las materias, excepto en el ámbito penal, salvo las excepciones establecidas por la propia normativa.
Con estas modificaciones, se busca modernizar el funcionamiento del sistema judicial dominicano, reducir las barreras de acceso y ofrecer servicios más eficientes y seguros a la ciudadanía.
