El Gobierno desestimó ayer el acuerdo transaccional a que había arribado con supuestos propietarios de terrenos en Bahía de las Águilas y anunció que esperará a que los tribunales se pronuncien de manera definitiva en torno a la legalidad o no de los títulos que amparan esas propiedades.
De esa manera, el presidente Danilo Medina ha escuchado y atendido la demanda, temor u objeción de amplios sectores ciudadanos en torno a una salida extrajudicial que beneficiaría a centenares de personas físicas o jurídicas que detentan predios estatales con vocación turística en Pedernales de forma ilegal o ilegítima.
Aun cuando el propósito era el de acelerar la puesta en ejecución del proyecto encaminado a convertir a la región Suroeste en el cuarto polo turístico del país, esa controvertida vía de solución tocó fibras muy sensibles de la población siempre resuelta a defender el patrimonio nacional o a reclamar castigo para toda forma de latrocinio.
Lo que sin dudas se convertiría en extendida piedra de discordia, se convirtió con la humilde y sabía decisión presidencial en una victoria política compartida y en la apertura de una vía expedita de diálogo e interacción entre Gobierno y sociedad para dirimir los pro y los contras de proyectos y políticas oficiales.
El servicio judicial y Ministerio Público han quedado muy mal parados en todo lo relacionado con el tema del fraude de Bahía de las Águilas, pues esos expedientes dormitan por 16 años junto a las cucarachas en gavetas de jueces y fiscales que no llegan a entender que su misión es perseguir y condenar el crimen.
Aunque se retrase el inicio del proyecto turístico de Pedernales y el Suroeste, con su decisión de retirar su propuesta de negociar con detentadores de títulos de propiedad que se reputan fraudulentos, el presidente Medina y su gobierno se ganan un voto de confianza y consolidan su crédito ante la sociedad.
Entre vítores y aplausos, debe advertirse que las autoridades no deben renunciar a su deber y obligación de acudir en rescate de la deprimida región del Suroeste, que a pesar de sus enormes potencialidades, su población padece de la más abyecta miseria, por lo que la decisión de no negociar predios de Bahía de las Águilas no conlleva frustrar el proyecto de polo turístico.
El Presidente ha hecho bien en desistir de un arreglo o transacción filistea, carente de principio, pero haría mucho más si persiste en su valioso empeño por impulsar un tipo de desarrollo sostenido en el Suroeste que se convierta en fuente de empleo, producción y riqueza para esa olvidada región.
De esa manera, el presidente Danilo Medina ha escuchado y atendido la demanda, temor u objeción de amplios sectores ciudadanos en torno a una salida extrajudicial que beneficiaría a centenares de personas físicas o jurídicas que detentan predios estatales con vocación turística en Pedernales de forma ilegal o ilegítima.
Aun cuando el propósito era el de acelerar la puesta en ejecución del proyecto encaminado a convertir a la región Suroeste en el cuarto polo turístico del país, esa controvertida vía de solución tocó fibras muy sensibles de la población siempre resuelta a defender el patrimonio nacional o a reclamar castigo para toda forma de latrocinio.
Lo que sin dudas se convertiría en extendida piedra de discordia, se convirtió con la humilde y sabía decisión presidencial en una victoria política compartida y en la apertura de una vía expedita de diálogo e interacción entre Gobierno y sociedad para dirimir los pro y los contras de proyectos y políticas oficiales.
El servicio judicial y Ministerio Público han quedado muy mal parados en todo lo relacionado con el tema del fraude de Bahía de las Águilas, pues esos expedientes dormitan por 16 años junto a las cucarachas en gavetas de jueces y fiscales que no llegan a entender que su misión es perseguir y condenar el crimen.
Aunque se retrase el inicio del proyecto turístico de Pedernales y el Suroeste, con su decisión de retirar su propuesta de negociar con detentadores de títulos de propiedad que se reputan fraudulentos, el presidente Medina y su gobierno se ganan un voto de confianza y consolidan su crédito ante la sociedad.
Entre vítores y aplausos, debe advertirse que las autoridades no deben renunciar a su deber y obligación de acudir en rescate de la deprimida región del Suroeste, que a pesar de sus enormes potencialidades, su población padece de la más abyecta miseria, por lo que la decisión de no negociar predios de Bahía de las Águilas no conlleva frustrar el proyecto de polo turístico.
El Presidente ha hecho bien en desistir de un arreglo o transacción filistea, carente de principio, pero haría mucho más si persiste en su valioso empeño por impulsar un tipo de desarrollo sostenido en el Suroeste que se convierta en fuente de empleo, producción y riqueza para esa olvidada región.
