La decisión del presidente Danilo Medina Sánchez de dejar sin efecto el intento de acuerdo con los “poseedores de títulos” sobre la franja costera entre Barahona y Pedernales, pudiera ser no sólo una acción digna, también el inicio de un proceso de recuperación de la responsabilidad pública.
El comunicado del Gobierno, leído por su vocero, Roberto Rodríguez Marchena, es, además, un documento valiosísimo, pues en él se reivindica de manera firme la propiedad del Estado de esos terrenos y porque llama al Procurador General y a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional para que asuman su responsabilidad en la defensa de ese patrimonio nacional que ha sido vulgarmente estafado por vándalos, algunos que operaron desde las instancias públicas.
El presidente Medina Sánchez dignifica su cargo al reaccionar ante las voces que se han levantado contra un acuerdo de fideicomiso con estos depredadores contra los bienes del Estado. El Jefe del Estado ha evitado esta ignominia al escuchar el rechazo para que no se reconocieran derechos a estos desfalcadores.
Hemos insistido en que nuestro Poder Judicial sale seriamente cuestionado frente a este caso, pues el intento del propio Gobierno parecía estar motivado en la búsqueda de una salida ante la imposibilidad de conseguirla después de dieciséis años de apoderamiento de una solución en justicia.
Creemos que la gran obra del actual Gobierno es organizar el país, hacer que opere dentro de los márgenes establecidos por la ley, y en eso no deber tener ninguna duda.
Tiene que reclamar que los poderes públicos cumplan con sus deberes de manera transparente y responsable.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia también debe darse por aludido en este caso.
El comunicado del Gobierno, leído por su vocero, Roberto Rodríguez Marchena, es, además, un documento valiosísimo, pues en él se reivindica de manera firme la propiedad del Estado de esos terrenos y porque llama al Procurador General y a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional para que asuman su responsabilidad en la defensa de ese patrimonio nacional que ha sido vulgarmente estafado por vándalos, algunos que operaron desde las instancias públicas.
El presidente Medina Sánchez dignifica su cargo al reaccionar ante las voces que se han levantado contra un acuerdo de fideicomiso con estos depredadores contra los bienes del Estado. El Jefe del Estado ha evitado esta ignominia al escuchar el rechazo para que no se reconocieran derechos a estos desfalcadores.
Hemos insistido en que nuestro Poder Judicial sale seriamente cuestionado frente a este caso, pues el intento del propio Gobierno parecía estar motivado en la búsqueda de una salida ante la imposibilidad de conseguirla después de dieciséis años de apoderamiento de una solución en justicia.
Creemos que la gran obra del actual Gobierno es organizar el país, hacer que opere dentro de los márgenes establecidos por la ley, y en eso no deber tener ninguna duda.
Tiene que reclamar que los poderes públicos cumplan con sus deberes de manera transparente y responsable.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia también debe darse por aludido en este caso.
