POR FREDY E. PEREZ ESPINOSA
Para Ecos del Sur
Los partidos políticos son instituciones que tienen como propósito esencial la conquista del poder, y por ende la administración del Estado por un período de tiempo determinado, de acuerdo a la Constitución vigente en cada país. Los primeros partidos políticos hacen su aparición en el escenario nacional en el siglo XIX, pero es a partir del ajusticiamiento de Trujillo, en el año 1961, que se produce una verdadera expansión del activismo político en la República Dominicana.
Hoy, próximo a cumplirse 52 años de este extraordinario hecho histórico, los partidos políticos han continuado incidiendo de manera significativa en todo lo referente a la organización y administración del Estado. Sin embargo, la lucha por la conquista del poder, que cada vez es más económica que ideológica, alcanza ribetes muy preocupantes, por lo que, se hace necesario el establecimiento de una ley que regule el accionar de los partidos y organizaciones políticas.
Es correcta la opinión de algunos entendidos de que no todos los países cuentan con una la ley para regular la actividad política, pero los mismos deben de comprender que la República Dominicana es un país especial, mayoritariamente politizado, en el que abunda el clientelismo, lo mismo que el transfuguismo y todas las maneras y formas de hacer política, teniendo como norte la conquista del poder, y en muchos casos, no para servir a la sociedad, sino para servirse de ella.
Otras de las razones para la aprobación de una ley de partidos y organizaciones políticas lo son, el control las fuentes de financiamiento externo de estas organizaciones, la regulación de la propaganda política y la contaminación visual y sónica en los procesos electorales; además, la realización de las primarias a lo interno de cada partido político.
Si echamos una mirada a la situación institucional actual de los partidos políticos, nos daremos cuenta que son muchos los problemas que existen en varias de esas organizaciones, por lo que se debe legislar para resolver, de acuerdo a las leyes, las diferencias internas existentes.
Además de la creación de una ley de partidos y agrupaciones políticas, también debe hacerse una actualización profunda a la Ley Electoral 275-97, puesto que la misma hay que adecuarla a los nuevos tiempos y corregir algunos artículos que están desuso. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley Electoral, que trata acerca de la composición e integración de la Junta Central Electoral, así como de las funciones de la Cámara Administrativa, Cámara Contenciosa y del Pleno de organismo está totalmente desfasado, ya que la modificación a la Constitución, aprobada el 26 de enero del año 2010, especifica en su artículo 212, Párrafo I, que la Junta Central Electoral estará integrada por un Presidente y cuatro miembros, con sus respectivos suplentes y no por nueve como establece la Ley Electoral vigente. Además, en este órgano electoral no existen la Cámara Administrativa ni la Contenciosa.
Los aspectos contenciosos, de acuerdo a la Constitución vigente, son atribuciones del Tribunal Superior Electoral, tal y como se establece en el artículo 214 de la Carta Magna.
De acuerdo a lo que hemos observado, todos los partidos y agrupaciones políticas están de acuerdo con una ley que regule su funcionamiento, lo que mismo que con la actualización de la ley electoral vigente. Por lo tanto, considero que es el momento de actuar y no de hablar.
La Junta Central Electoral ha solicitado, en reiteradas ocasiones, la necesidad aprobar estos instrumentos legales para garantizar la transparencia del accionar de los partidos y agrupaciones políticas, sin embargo, han transcurrido más de veinte años luego que se introdujera por primera vez una ley de partidos políticos y al día de hoy no tenemos nada.
Sería interesante y saludable que antes de las elecciones municipales, congresionales y nacionales del año 2016 sea aprobada la ley de partidos y agrupaciones políticas, así como también sea modificada y actualizada la Ley Electoral 275-97, para que no vaya a ocurrir como se hacía en los juegos de bolas o canicas: “Coca Mandó la Ley”.
Para Ecos del Sur
Los partidos políticos son instituciones que tienen como propósito esencial la conquista del poder, y por ende la administración del Estado por un período de tiempo determinado, de acuerdo a la Constitución vigente en cada país. Los primeros partidos políticos hacen su aparición en el escenario nacional en el siglo XIX, pero es a partir del ajusticiamiento de Trujillo, en el año 1961, que se produce una verdadera expansión del activismo político en la República Dominicana.
Hoy, próximo a cumplirse 52 años de este extraordinario hecho histórico, los partidos políticos han continuado incidiendo de manera significativa en todo lo referente a la organización y administración del Estado. Sin embargo, la lucha por la conquista del poder, que cada vez es más económica que ideológica, alcanza ribetes muy preocupantes, por lo que, se hace necesario el establecimiento de una ley que regule el accionar de los partidos y organizaciones políticas.
Es correcta la opinión de algunos entendidos de que no todos los países cuentan con una la ley para regular la actividad política, pero los mismos deben de comprender que la República Dominicana es un país especial, mayoritariamente politizado, en el que abunda el clientelismo, lo mismo que el transfuguismo y todas las maneras y formas de hacer política, teniendo como norte la conquista del poder, y en muchos casos, no para servir a la sociedad, sino para servirse de ella.
Otras de las razones para la aprobación de una ley de partidos y organizaciones políticas lo son, el control las fuentes de financiamiento externo de estas organizaciones, la regulación de la propaganda política y la contaminación visual y sónica en los procesos electorales; además, la realización de las primarias a lo interno de cada partido político.
Si echamos una mirada a la situación institucional actual de los partidos políticos, nos daremos cuenta que son muchos los problemas que existen en varias de esas organizaciones, por lo que se debe legislar para resolver, de acuerdo a las leyes, las diferencias internas existentes.
Además de la creación de una ley de partidos y agrupaciones políticas, también debe hacerse una actualización profunda a la Ley Electoral 275-97, puesto que la misma hay que adecuarla a los nuevos tiempos y corregir algunos artículos que están desuso. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley Electoral, que trata acerca de la composición e integración de la Junta Central Electoral, así como de las funciones de la Cámara Administrativa, Cámara Contenciosa y del Pleno de organismo está totalmente desfasado, ya que la modificación a la Constitución, aprobada el 26 de enero del año 2010, especifica en su artículo 212, Párrafo I, que la Junta Central Electoral estará integrada por un Presidente y cuatro miembros, con sus respectivos suplentes y no por nueve como establece la Ley Electoral vigente. Además, en este órgano electoral no existen la Cámara Administrativa ni la Contenciosa.
Los aspectos contenciosos, de acuerdo a la Constitución vigente, son atribuciones del Tribunal Superior Electoral, tal y como se establece en el artículo 214 de la Carta Magna.
De acuerdo a lo que hemos observado, todos los partidos y agrupaciones políticas están de acuerdo con una ley que regule su funcionamiento, lo que mismo que con la actualización de la ley electoral vigente. Por lo tanto, considero que es el momento de actuar y no de hablar.
La Junta Central Electoral ha solicitado, en reiteradas ocasiones, la necesidad aprobar estos instrumentos legales para garantizar la transparencia del accionar de los partidos y agrupaciones políticas, sin embargo, han transcurrido más de veinte años luego que se introdujera por primera vez una ley de partidos políticos y al día de hoy no tenemos nada.
Sería interesante y saludable que antes de las elecciones municipales, congresionales y nacionales del año 2016 sea aprobada la ley de partidos y agrupaciones políticas, así como también sea modificada y actualizada la Ley Electoral 275-97, para que no vaya a ocurrir como se hacía en los juegos de bolas o canicas: “Coca Mandó la Ley”.
