SANTO DOMINGO.-Mientras aumenta la ola delincuencial que acaba literalmente con la población, al punto de que nadie se siente a salvo, ni seguro, seis mil quinientos 12 policías y tres mil noventa y nueve miembros de las Fuerzas Armadas siguen arrastrando carritos de supermercados, prestando servicios en bancos y tiendas o de guardaespalda de políticos del gobierno y de la opisición.
Otra cantidad sirve de choferes para recoger niños en colegios, llevar esposas y amantes de tienda y salones de belleza y spap.
Para no hacer servicios en las instituciones que les pagan, esos miles de militares y policías cuentan con el apoyo de influyentes funcionarios civiles y de las instituciones armadas, incluida la Policía Nacional.
Otra cantidad sirve de choferes para recoger niños en colegios, llevar esposas y amantes de tienda y salones de belleza y spap.
Para no hacer servicios en las instituciones que les pagan, esos miles de militares y policías cuentan con el apoyo de influyentes funcionarios civiles y de las instituciones armadas, incluida la Policía Nacional.
Para conseguir que los designen a prestar servicios en bancos y tiendas, por cuya labor reciben un dinerito extra, pero nada comparable con lo que costaría a un comercio pagar a un guardián privado, muchos agentes dan parte de sus sueldos, dinero pagado por el Estado, a capitanes y coroneles que son sus jefes inmediatos.
Los agentes asignados a esos establecimientos comerciales asumen su defensa como si se tratara de patrimonio propio o del Estado,o como parte del cumplimiiento del deber que les impone ser servidores públicos, en funciones tan delicadas como la seguridad nacional o el orden.
Hace poco, dos agentes policiales asignados a Plaza Lama golpearon salvajemente a un hombre que supuestamente fue sorprendido intentanto robar en su tienda de la 27 de febrero esquina Winston Churchill.
El supuesto ladrón no fue entregado a las autoridades de inmediato, sino encerrado en un cuartito y allí torturado en todas las maneras imaginables, hasta que la víctima se desmayó propducto de los golpes.
Al llegar al poder el 16 de agosto del pasado año, el presidente Danilo Medina ordenó al jefe de la Policía y al Ministro de las Fuerzas Armadas acabar con la situación.
Ambos funcionarios dijeron que eso se resolvería en breve plazo.
En el caso del jefe de las FFAA, almirante Sigfrido Pared Pérez, aseguró en la ocasión que esa institución realizaría un levantamiento para saber exactamente cuántos militares trabajan al servicio de particulares en el país.
Se reunió entonces junto al jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez, con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para dar forma al instructivo que busca reducir las escoltas militares y policiales asignadas.
“Hablamos con el ministro sobre la realización de un estudio sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que realizan diferentes funciones ajenas a lo que es la destinación de ellos; la idea es tratar de reducir y utilizar la mayor cantidad en las funciones a las que están destinados”, dijo Pared Pérez.
Reiteró que en esa institución hay 152 generales, de los cuales 60 no desempeñan ninguna función, situación que preocupa al presidente Danilo Medina.
Casi un año después, la orden presidencial ha sido desacatada por ambos, y la ciudadanía contempla indefensa cómo cada día es mayor el número de muertes y heridos en asaltos, mientras alarma la ausencia de agentes de orden para proteger a los ciudadanos.
Los agentes asignados a esos establecimientos comerciales asumen su defensa como si se tratara de patrimonio propio o del Estado,o como parte del cumplimiiento del deber que les impone ser servidores públicos, en funciones tan delicadas como la seguridad nacional o el orden.
Hace poco, dos agentes policiales asignados a Plaza Lama golpearon salvajemente a un hombre que supuestamente fue sorprendido intentanto robar en su tienda de la 27 de febrero esquina Winston Churchill.
El supuesto ladrón no fue entregado a las autoridades de inmediato, sino encerrado en un cuartito y allí torturado en todas las maneras imaginables, hasta que la víctima se desmayó propducto de los golpes.
Al llegar al poder el 16 de agosto del pasado año, el presidente Danilo Medina ordenó al jefe de la Policía y al Ministro de las Fuerzas Armadas acabar con la situación.
Ambos funcionarios dijeron que eso se resolvería en breve plazo.
En el caso del jefe de las FFAA, almirante Sigfrido Pared Pérez, aseguró en la ocasión que esa institución realizaría un levantamiento para saber exactamente cuántos militares trabajan al servicio de particulares en el país.
Se reunió entonces junto al jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez, con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, para dar forma al instructivo que busca reducir las escoltas militares y policiales asignadas.
“Hablamos con el ministro sobre la realización de un estudio sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que realizan diferentes funciones ajenas a lo que es la destinación de ellos; la idea es tratar de reducir y utilizar la mayor cantidad en las funciones a las que están destinados”, dijo Pared Pérez.
Reiteró que en esa institución hay 152 generales, de los cuales 60 no desempeñan ninguna función, situación que preocupa al presidente Danilo Medina.
Casi un año después, la orden presidencial ha sido desacatada por ambos, y la ciudadanía contempla indefensa cómo cada día es mayor el número de muertes y heridos en asaltos, mientras alarma la ausencia de agentes de orden para proteger a los ciudadanos.
