SANTO DOMINGO.- Todas las personas e instituciones que compraron títulos fraudulentos en los diez kilómetros de playa de Bahía de las Águilas “sabían perfectamente y estaban conscientes de lo que hacían”, por lo que cometieron doble delito, expresó este jueves la abogada Laura Acosta.
La jurista habló en estos términos al presentar sus conclusiones en el juicio de fondo en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde el Estado reclama la anulación de 1,494 títulos de propiedad de terrenos de vocación turística de Bahía de las Águilas, en Pedernales, adjudicados en 1997 por el Institutico Agrario Dominicano (IAD), en la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán, simulando un supuesto asentimiento agrícola.
Acosta planteó que lo que sí hubo en esas compras fue “intensiones aviesas”, pero más aún, sostuvo que todos los que compraron después de que estallara el escándalo por los medios de comunicación “sabían que se trataba del fraude inmobiliario más colosal ocurrido en el país”, y que por lo tanto, “ahí no hubo ninguna buena fe”.
La abogada representa los intereses del Estado dominicano en el proceso, que entró a su cuarto día en la Octava Sala del Tribunal de Tierras. En este escenario enrostró a Puro Pichardo, el que haya acudido al tribunal a reclamar derechos y a invocar la Constitución de la República, alegando que compró tierras de buena fe, cuando sabía que se trataba de una falsead.
“Magistrada, muchos de esos aprovechadores, devolvieron parte de esos títulos de propiedad, adquiridos de manera fraudulenta, porque sabían que tenían una fábrica de títulos y luego reaparecieron reclamando los mismos títulos que que habían devuelto”, expuso Acosta ante la jueza Alba Luisa Beard.
La jurista habló en estos términos al presentar sus conclusiones en el juicio de fondo en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde el Estado reclama la anulación de 1,494 títulos de propiedad de terrenos de vocación turística de Bahía de las Águilas, en Pedernales, adjudicados en 1997 por el Institutico Agrario Dominicano (IAD), en la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán, simulando un supuesto asentimiento agrícola.
Acosta planteó que lo que sí hubo en esas compras fue “intensiones aviesas”, pero más aún, sostuvo que todos los que compraron después de que estallara el escándalo por los medios de comunicación “sabían que se trataba del fraude inmobiliario más colosal ocurrido en el país”, y que por lo tanto, “ahí no hubo ninguna buena fe”.
La abogada representa los intereses del Estado dominicano en el proceso, que entró a su cuarto día en la Octava Sala del Tribunal de Tierras. En este escenario enrostró a Puro Pichardo, el que haya acudido al tribunal a reclamar derechos y a invocar la Constitución de la República, alegando que compró tierras de buena fe, cuando sabía que se trataba de una falsead.
“Magistrada, muchos de esos aprovechadores, devolvieron parte de esos títulos de propiedad, adquiridos de manera fraudulenta, porque sabían que tenían una fábrica de títulos y luego reaparecieron reclamando los mismos títulos que que habían devuelto”, expuso Acosta ante la jueza Alba Luisa Beard.
