ARMARIO LIBRE
SANTO DOMINGO.- El Tercer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo Oeste, condenó a 20 años en prisión contra dos hombres acusados de traficar sustancias controladas y portar armas de fuego de manera ilegal.
El Tercer Tribunal Colegiado, compuesto por los jueces Sandra Josefina Cruz Rosario, presidente; Joan Eduardo Rodríguez Cruz, juez suplente, y Cecilia Toribio Melo, encontraron que los imputados Viade Medina y Ramón Guevara, incurrieron en el delito de tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de arma.
La acusación instrumentada por el Ministerio Público de esta demarcación precisa que Medina y Guevara fueron arrestados a bordo de un vehículo tipo camión de carga (cama cerrada), marca Daihatsu, color blanco, placa L-205034, modelo V11 8L HY, identificado desde el exterior con el nombre comercial Transporte Medina Mudanzas y Acarreo.
Entre los hallazgos se contabilizan 25 bultos marcas Air Express y Platini con mil 145 libras de un polvo blanco, envueltos en cinta adhesiva, que luego de ser analizado por el laboratorio químico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se determinó que los paquetes resultaron ser cocaína clorhidratada.
En la pesquisa, las autoridades también encontraron un fusil M-16 A-1, calibre 5.56 milímetros, número 0916476, modificado en su culata y guardamano, con una mira láser posterior 1×35, un cargador con 30 cápsulas, así como una pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, de numeración ETN941 con cargador y 18 cápsulas.
El arresto de los dos imputados se ejecutó a las 2:55 de la tarde del pasado 15 de diciembre de 2015, en momentos en que los encartados resultaron sospechosos cuando se desplazaban desde Barahona hacia la ciudad capital, donde finalmente fueron interceptados en la carretera 6 de Noviembre.
Esos hechos constituyen violaciones a los artículos 5 letra A, 28, 34, 35-B, 58-A, 59, 60 párrafo, 75 párrafo II, 85-A, B, C, y H de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.
En la investigación se recabaron pruebas testimoniales, periciales y documentales, aportadas al tribunal para demostrar de manera irrefutable los actos cometidos por los acusados.
El Ministerio Público logró que fueran declarados culpables y que se dictara en su contra la sentencia que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional La Victoria.
