La decisión que fue tomada durante una acción de amparo incoada por los abogados Yván Ariel Gómez Rubio, Víctor Emilio Santana Florián y Amelia Ledesma Agramonte, condenó además al Ministerio de Medio Ambiente al pago de un astreinte de 10 mil pesos diario por cada día que retenga de forma ilegal el vehículo después de notificada la sentencia.
Según los documentos que sustenta la acción de amparo, el camión en cuestión fue retenido por las autoridades con un supuesto cargamento de canelillas, sin embargo, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, desde Santo Domingo, solicitaron a las autoridades locales incautar y enviar a la capital dicho vehículo sin cumplir con el proceso de ley.
El articulo 51 numeral 5, de la Constitución Dominicana, protege el derecho de propiedad y señala de manera categórica e imperativa, que solo podrá ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tenga su origen en actos ilícitos cometido contra el patrimonio publico, así como los utilizados o provenientes de actividades de trafico ilícito de estupefacientes y sustancias controladas o relativa a la delincuencia transnacionales organizadas y de toda infracción prevista en la ley.
De igual forma, el debido proceso establece que, la orden de secuestro o incautación es expedida por el juez en una resolución motivada. El Ministerio Público y la Policía pueden hacerlo sin orden en ocasión de un registro o flagrante delito, sin embargo, deberán comunicarlo en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes al juez, según el articulo 188 del Código Procesal Penal, modificado por la ley 10-15.
En el caso en cuestión, no hubo sometimiento judicial, no se le solicitó al juez la incautación del vehículo, se violó el debido proceso y fue acogida la acción de amparo, acogiendo inclusive los precedentes vinculantes de sentencias del Tribunal Constitucional, en casos similares.
Informativo Brisas del Sur.
