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sábado, 4 de diciembre de 2021

Dr. Feliz Vidal Llama a la prudencia al CARD y a la Cámara de Cuentas, ante declaratoria de Desacato.

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Por Dr. Carlos Julio Feliz Vidal.*

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ha emitido una resolución, donde declara en desacato al actual presidente del Colegio de Abogados, por la negativa del gremio a ser auditado.
Es lamentable que una situación de esta naturaleza se presente, entre una Corporación de Derecho Público, como lo es el CARD, y la entidad llamada a ejercer el control externo del Estado dominicano.

En mi condición de aspirante a la presidencia nacional del Colegio de Abogados, preferí mantener silencio sobre este tema, en tanto que una postura mía podía interpretarse como electorera.

La resolución de la Cámara de Cuentas, me obliga a fijar una postura técnica sobre el tema, especialmente, porque la resolución contiene requerimiento de la Fuerza Pública e intervención del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa del Ministerio Público, para incautar a la fuerza los documentos del Colegio, extremo  que de ejecutarse, podría poner en peligro la base de datos del Colegio y afectar así el historial del gremio.

Considero que el Colegio es auditable, dada su condición de Corporación de Derecho Público, que recibe de la  Tesorería Nacional partidas económicas, tal y como se desprende de los artículos 246 al 250 de la Constitución, el artículo 2, de la Ley 10 del 2004 y el artículo 74 de la Ley 03-19, que instituye el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

Entiendo, sin embargo, que el gremio ha elevado una pretensión al Tribunal Constitucional, bajo la modalidad de conflicto de competencia, acción con la que pretende que  el  intérprete máximo de la Constitución, determine si la Cámara de Cuentas tiene, o no, la competencia para auditar al CARD.

Como abogado entiendo que al existir dos posturas teóricas, la del Colegio que considera que la Cámara de Cuentas no le puede auditar, argumentando que los valores que recibe lo hace a título de tasa y no como partida presupuestaria y la de la Cámara de Cuentas, que se asume competente, para auditar al Colegio, dada su particular estructura de Corporación de Derecho Público, que maneja fondos provenientes de la Tesorería Nacional, que lo prudente es que un tercero imparcial dirima la controversia, máxime si el Tribunal Constitucional está apoderado ya del conocimiento del conflicto.

Como abogado  me preocupa como se afectará la imagen del gremio y la de los colegiados, cuando la fuerza pública penetre al fuero sagrado de los togados.

Creo que la prudencia debe imponerse y esperar la decisión del Tribunal Constitucional, al margen de que la resolución de la Cámara de Cuentas es recurrible, atendiendo a los cánones del proceso contencioso administrativo.

El Colegio de Abogados al apoderar al Tribunal Constitucional de un conflicto de competencia, está asumiendo implícitamente que es parte de la estructura del Estado dominicano, de ahí que la actual directiva, independientemente de su derecho a disentir de la postura de la Cámara de Cuentas, lo que le Faculta a agotar vías y recursos, al estar dotado el CARD de personalidad jurídica, debe pensar el tema más allá de la coyuntura actual y tomar en cuenta cómo este episodio, de no manejarse con madurez, puede afectar la imagen institucional del gremio y de paso afectar la imagen personal de los abogados del país. 

La Cámara de Cuentas, debe pensar que ante el apoderamiento del Tribunal Constitucional, la prudencia aconseja esperar un fallo, que a todas luces sería vinculante, por mandato del Constituyente, porque en el campo del Derecho, el poder de decidir se ha colocado en órganos dotados de la capacidad de juzgar, y ante la acción del Colegio, la Cámara de Cuentas es ya una parte en un proceso, cuya suerte ella misma no puede decidir;   en lo técnico,  es el Tribunal Constitucional el árbitro que debería decidir su propia competencia para conocer la acción,  y de establecer tal competencia, emitir el fallo que entienda pertinente.

Ambas entidades, de continuar en ese enfrentamiento que alimenta el morbo, podrían estar creando un caldo de cultivo que disminuya su propia estima social ante la sociedad dominicana y la universal, en tanto que en esta era lo nacional y lo universal no están separados, en lo comunicacional, por fronteras.

*El autor es maestro de la Uasd, escritor de temas jurídicos, aspirante a la presidencia nacional del CARD.