La Proedemaren sometió a la Justicia a la empresa Agroforestal Macapi, S.A. y al empresario Manuel Castillo Pimentel, propietario de esa finca, imputados de violar, entre otras normas, varios artículos de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00).
El Juzgado de Instrucción de San José de Ocoa le impuso la medida coerción con base en las evidencias aportadas por el Ministerio Público.
El órgano de la persecución penal responsabiliza a Castillo Pimentel y a su empresa de cometer delitos ambientales consistentes en remover material de la corteza terrestre, sin contar con un plan de remediación.
