Tomado de Armario Libre
BARAHONA: El empresario Quilvio Ramón Medina, rechazó que no sea de su propiedad el solar donde tiene instalada una estación de combustibles en el cruce del municipio de Palo Alto.
Medina, denunció que el abogado del Estado, fue sorprendido en su buena fe al otorgar una decisión administrativa donde se le da un plazo de 15 días para que entregue el establecimiento, con el alegato de que estaba levantado en unos terrenos ajenos.
El empresario, alegó que le compró los terrenos donde tiene establecida la estación de combustibles y otros negocios al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), que luego fue ratificado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
El lunes, Quilvio Ramón Medina recibió una notificación con la decisión administrativa de la oficina del abogado del Estado, Gedeón Platón Liriano, donde se expresa “concesión de plazo fatal para entrega voluntaria, la parcela número 212 y 213 del distrito catastral 14/3 del municipio de Jaquimeyes, provincia Barahona”.
Medina calificó como una perversidad la acción de los responsables de establecer la demanda, quienes afirmó, no tienen un papelito que les justifique que un metro de esos terrenos son de su propiedad.
“Se le informa que este despacho, luego de ponderar los documentos y alegatos de las partes, le otorga un último plazo de 15 días, con efectividad a partir de la fecha de la notificación del presente oficio, a los fines de que voluntariamente desocupe el inmueble de referencia, el cual ocupa en calidad de intruso, advirtiéndole que si no obtempera en el indicado `plazo a dicho abandono voluntario, concederemos el auxilio de la Fuerza Pública, en virtud de las disposiciones de los artículos 47 y 48 de la ley 108-05 de Registro Inmobiliario….”, expresa el documento enviado al empresario.
Sin embargo, Quilvio Medina, quien preside la empresa Dedebi CxA, reveló que sus terrenos, además de ser sancionados por el Congreso luego de ser adquiridos en buena lid al CEA, fue ratificado por el Tribunal Original Inmobiliario de Barahona, el Tribunal Superior de Tierras en Santo Domingo y hasta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Dijo que el caso ha adquirido la “cosa irrevocablemente juzgada”, porque quienes pretenden adjudicarse con la tierra, jamás podrán demostrar un documento, porque lo primero que deben hacer es comprarle al CEA, quien debería emitir una notificación, lo que confió, no pasará porque nunca ha existido tal compra.
“Ellos no tienen nada que alegar, e insistimos que el abogado del Estado fue agarrado en su buena fe, porque un negocio donde hay una inversión superior a los US$2 millones no se actúa de la forma, que, al parecer, lo pusieron a actuar”, precisó Medina.
Dijo que el CEA es quien otorga la autorización de deslinde de los terrenos luego que un cliente compra, pero como los reclamantes nunca compraron, la institución del Estado jamás le darán el derecho.
