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La muerte de Orlando Jorge Mera y los protocolos de seguridad del Estado Dominicano.

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Por Carlos Julio Féliz Vidal.

El ejercicio del Poder Público entraña peligros, no sólo responsabilidades. La vida de un funcionario público corre riesgos, a menudo insalvables.

República Dominicana ha perdido en el ejercicio de funciones públicas  a legisladores (caso del senador Darío Gómez), funcionarios municipales (caso de Juan De Los Santos) y de ministros (caso de Orlando Jorge Mera) y de presidentes de la República (casos de 

Ulises Hereaux, entre otros), lo que revela el peligro asociado al ejercicio del Poder Público al que hacemos referencia.

En otros casos, el peligro se asocia al atentado a la propia vida, como fue el caso del presidente Antonio Guzmán.

En todos los casos de muertes de funcionarios públicos, electos o designados, que han sacudido al país, se notan fallas en la política de seguridad del Estado.

La seguridad de los funcionarios es una cuestión vital en una democracia y requiere de un personal dotado de "inteligencia para detectar y prevenir" atentados contra la vida del funcionario, incluso, cuando sea la propia persona la que pueda dar señales de depresión e inclinación al suicidio, como ocurrió con don Antonio Guzmán cuyas señales no fueron detectadas ni siquiera por el Jefe de las Fuerzas Armadas de entonces, según lo deja entrever el Dr. Joaquin Balaguer en su obra "Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo".

A Juan de los Santos y a Jorge Mera, los matan mientras despachaban asuntos públicos, sin que nadie desarmara a las personas que entrarían a sus oficinas porque se entendía que los asesinos eran "amigos de los funcionarios" malogrados.

Los protocolos de seguridad no deben aplicarse con discrecionalidad, sus ejecutantes debe seguirlos ante cualquier persona, poco importa el vínculo real o aparente que tenga con el funcionario al que se deba resguardar.

Un político profesional es un capital humano del país, tiene un alto valor para la vida institucional y democrática de la nación; su seguridad, especialmente cuando ejerce funciones públicas delicadas, debe ser garantizada, tanto por sus aportes a la sociedad como a la familia a la que está vinculado.

Ojalá que la muerte de Orlando Jorge Mera, sirva para hacer una revisión profunda de los protocolos de seguridad que se siguen para proteger la vida de nuestros funcionarios públicos en los diversos estamentos del Estado.