El Presupuesto Participativo Municipal está contemplado en el artículo 230 de la ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios como una de las vías de participación ciudadana en los asuntos municipales. Los cambios y tendencias que se están imponiendo en la región de Latinoamérica indican que los gobiernos locales tienden cada vez más a tratar a los ciudadanos como clientes y con ello las tomas de decisiones sobre el gasto, se inclinan a satisfacerlos.
La misma ley define que PPM “tiene por objeto establecer los mecanismos de participación ciudadana en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40 % de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional”.
En uno de los objetivos planteados en la norma en cuestión se observa el de “fortalecer los procesos de autogestión local y asegurar la participación protagónica de las comunidades en la identificación y priorización de las ideas de proyectos”, sin embargo, la definición de la política de inversión en la ciudad es diferente para los distintos grupos sociales y, conforme a ello, la agenda pública se ha de configurar más que por estándares absolutos, por las definiciones que hacen los ciudadanos de sus prioridades y es el gobierno local el que ha de moldear las influencias de los distintos estratos sociales de suerte y manera que las obras realizadas sean de gran impacto en la población y que no sólo beneficien a un determinado grupo social.
El PPM, más que un plan, es un todo, un sistema que tiene objetivos, principios y un método organizacional que persigue garantizar un alto nivel de participación de los ciudadanos en las decisiones de inversión pública en sus municipios, desde la etapa de planificación hasta la de garantizar que los niveles del gasto sean con la calidad y transparencia debidas.
No deben dejar de lado las autoridades municipales, el de observar que los ciudadanos son “ciudadanos globales” y cada día, debido a las influencias regionales y experiencias transferidas, son más exigentes en los niveles de satisfacción requeridos, tanto en la calidad de las obras, como en los servicios que reciben.
No debemos tampoco obviar que las ciudades compiten entre sí y mientras más participación tengan sus habitantes en la formulación de sus planes de inversión y desarrollo social, más empoderados se sentirán y su orgullo ciudadano se impondrá cada día más, creando una espiral alcista de sentimientos positivos y bienestar colectivo.
Visto todo esto, debemos también añadir que, para darle respuestas a munícipes exigentes y formados a través de estudios o transferencia de conocimientos, se requiere de autoridades capaces de entender el “por qué” de las cosas y además deben poseer las destrezas para manejar grupos sociales organizados bajo una nueva visión de la política municipal que exige promover una voluntad de liderazgo y negociación que articule las energías de la ciudad en un proyecto común.
Definitivamente, se impone una visión clara del lugar del gobierno local en un mundo globalizado, aquellos que no lo vean de esta manera están condenados al fracaso.
