El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que la propuesta fue elaborada con la participación de representantes de la sociedad civil, periodistas y especialistas en derecho, con el objetivo de dotar al país de una normativa actualizada y ajustada a principios democráticos.
En la carta enviada al Congreso, el mandatario señaló que la pieza legislativa "tiene como objetivo regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones (prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales), así como resguardar el derecho a la comunicación social y al periodismo".
El texto también contempla garantizar el acceso a la información y propone la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un organismo que tendría funciones de supervisión y regulación en materia de comunicación.
Abinader explicó en su carta, dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, que en la redacción del documento participaron "expertos nacionales e internacionales con amplia experiencia en la materia, conocedores tanto del pensamiento jurídico que sustenta estas libertades como de la práctica del periodismo y la comunicación en sus diversas expresiones".
Agregó además: “El proyecto que ahora presentamos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que este importante tema ha tenido en las últimas décadas, y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas. En tal virtud, someto a su consideración el presente proyecto de ley, esperando que los honorables legisladores le otorguen su voto de aprobación”.
El origen del proyecto se remonta a junio de 2022, cuando el jefe del Estado designó una comisión de expertos liderada por Namphi Rodríguez e integrada por figuras como Miguel Franjul, Inés Aizpún, Persio Maldonado, Huchi Lora, Edith Febles, Eric Raful, entre otros. El grupo elaboró un primer borrador que fue sometido a revisiones hasta llegar a la versión definitiva, la cual fue remitida al Ejecutivo el pasado 24 de abril y ahora se encuentra en manos del Congreso.
