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Durante su intervención, Beriguete sostuvo que las imputaciones carecen de sustento jurídico y señaló que no existen pruebas concretas que vinculen a Calderón con los delitos que se le imputan. El abogado también argumentó que la acusación parece responder a motivaciones de carácter político, más que a fundamentos legales o pruebas sólidas.
El defensor explicó que, a lo largo del proceso, se ha evidenciado la falta de elementos objetivos que sustenten la acusación y subrayó que su representado ha actuado siempre dentro del marco de la legalidad. “No hay evidencias que respalden estas imputaciones; se trata de una acción que busca perjudicar políticamente a mi cliente”, afirmó Beriguete.
Con la presentación de estas conclusiones, el tribunal competente queda en condiciones de decidir si procede o no la apertura del juicio contra el exsenador. El caso ha sido seguido de cerca por la opinión pública, dada la relevancia de los cargos y la trayectoria política de Calderón en la República Dominicana.
