Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, Mateo explicó que la medida carece de base legal y podría prestarse a abusos.
“Eso es pasar de lo sublime a lo ridículo. No se puede determinar la honradez de un funcionario porque use un vehículo de lujo o vista determinada marca de zapatos”, afirmó Eddy Mateo, quien además señaló que la vía correcta es la revisión de las declaraciones juradas de bienes, los movimientos bancarios y el historial fiscal.
Mateo recordó que incluso fiscales podrían quedar en entredicho con ese mecanismo, ya que “muchos no podrían justificar lo que tienen” si se evaluara únicamente con ese criterio.
Sobre el caso SeNaSa
El jurista también alertó sobre filtraciones a la prensa en torno al caso de Senasa, lo cual, a su juicio, constituye una violación al debido proceso.
“Todos los imputados tienen derecho a la presunción de inocencia y a que se respete su dignidad hasta tanto se pruebe lo contrario”, indicó.
Cooperativas bajo la lupa
En otro tema, Víctor Eddy Mateo reveló que entre 2021 y 2025 se han creado más de 1,500 cooperativas en República Dominicana, un crecimiento que calificó de “sospechoso” y que ya llamó la atención del Fondo Monetario Internacional (FMI).
De acuerdo con cifras citadas en el espacio, de las más de 2,400 cooperativas registradas en el país, solo unas 700 operan activamente. Explicó que el cooperativista José Darío Cepeda advirtió que muchas de las nuevas entidades recibieron préstamos y luego desaparecieron, lo que podría constituir un fraude que dañe la credibilidad del movimiento cooperativo.
Mateo propuso la creación de una Superintendencia de Cooperativas para supervisar de forma estricta el sector, que hoy maneja recursos equivalentes al 10 % del sistema financiero nacional.
Sobre sentencia favorable a Jean Alain
Víctor Eddy destacó que el reciente fallo del recurso de Hábeas Data presentado por Jean Alain Rodríguez representa un triunfo sobre la arbitrariedad. Explicó que Rodríguez fue afectado por alertas y restricciones impuestas sin órdenes judiciales, lo que vulneró sus derechos constitucionales.
Según Eddy, la sentencia reafirma la importancia de la protección de datos personales, consagrada en el artículo 70 de la Constitución dominicana y regulada por la Ley 172-13, como mecanismo para garantizar que ninguna autoridad actúe de manera discrecional sobre la información personal de los ciudadanos.
Asimismo, Eddy subrayó que el fallo no implica responsabilidad patrimonial para funcionarios actuales que no intervinieron directamente en la medida, aunque sí resalta la necesidad de respetar los procedimientos legales y el debido proceso.
Indicó que la decisión fortalece la garantía de que las personas no sean objeto de restricciones o arbitrariedades sin respaldo legal, y que casos como el de Rodríguez sirven como precedente para proteger los derechos fundamentales frente a actuaciones administrativas irregulares.
