La iniciativa, sometida por los senadores Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán y Omar Fernández, incorpora ajustes que fortalecen las garantías constitucionales, el debido proceso y la protección de la dignidad humana, además de modernizar la administración de justicia con mecanismos más ágiles, transparentes y eficientes.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó el compromiso del órgano legislativo con la aprobación de leyes que refuercen los derechos fundamentales. Llamó además a la población a emitir críticas objetivas sobre la reforma, al tiempo que reconoció el arduo trabajo realizado por la comisión especial encargada del estudio del proyecto.
Modificaciones principales
La reforma contiene 60 artículos y actualiza plazos procesales, criterios para medidas de coerción, reglas sobre arraigo, atribuciones del juez de ejecución y definiciones sobre el juez natural. También refuerza la protección del derecho a la libertad y el debido proceso, y armoniza conceptos con el nuevo Código Penal.
La pieza establece medidas basadas en el principio de mínima intervención penal y la aplicación inmediata de las normas procesales, excepto cuando resulten desfavorables para el imputado. Asimismo, promueve la celeridad mediante acuerdos en todas las etapas del proceso.
El estudio del proyecto implicó 118 horas de trabajo, distribuidas en 14 reuniones de la comisión especial, 18 de la subcomisión y cuatro jornadas de revisión técnica.
