La historia del Caribe está marcada por invasiones disfrazadas de “misiones de paz”, “operaciones humanitarias” o “defensas de la democracia”. Quienes nacimos en esta región sabemos que, detrás de cada intervención militar estadounidense, suele esconderse un relato conveniente y un interés estratégico específico. Por eso, cuando veo el ataque contra Venezuela y la narrativa del “narcoterrorismo” usada para justificarlo, la memoria histórica me arde.
La memoria dominicana que no olvida
En República Dominicana conocemos demasiado bien ese guion. En abril de 1965, mientras el pueblo reclamaba el retorno del presidente constitucional Juan Bosch, derrocado dos años antes, la intervención estadounidense se presentó como un acto para “restaurar el orden” y “evitar otra Cuba”. El resultado fue una ocupación militar que involucró a más de 42,000 marines, aplastó un proceso democrático legítimo y dejó miles de muertos. Las cicatrices aún duelen en la memoria colectiva dominicana.
Desde esa experiencia, es imposible mirar lo que ocurre hoy en Venezuela sin reconocer patrones estructuralmente idénticos. Primero se construye una amenaza mediante campañas mediáticas; después se legitima la intervención; finalmente se ocupa el territorio proclamando la defensa de la democracia.
La narrativa del narco como coartada
Rechazo profundamente que esta operación militar sea un acto de justicia. La narrativa del “narcoestado” es demasiado conveniente para convertir a un Estado soberano en un objetivo militar legítimo. Cuando Washington define unilateralmente que un gobierno latinoamericano es una amenaza criminal, abre la puerta para legitimar cualquier acción, incluso la captura de un jefe de Estado.
El precedente amenaza a toda la región. Si Washington puede bombardear embarcaciones venezolanas en aguas internacionales sin consecuencias legales, ningún gobierno latinoamericano está seguro cuando sus políticas contraríen los intereses estadounidenses. La etiqueta de “narco” se aplica selectivamente, como demuestra el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, pero protegido mientras resultó políticamente conveniente.
La vergüenza de la complicidad dominicana
Lo que más me duele como dominicano es ver a nuestro gobierno alinearse sin cuestionamientos con esta lógica. Me produce vergüenza que la administración de Luis Abinader permita que aeropuertos dominicanos sean plataforma logística para una operación militar extranjera contra un país hermano. Esa decisión compromete nuestra soberanía y nos coloca del lado del agresor en un conflicto que contradice la historia de resistencia del pueblo dominicano.
Resulta particularmente amargo que el país que sufrió la invasión de 1965 ahora facilite una agresión similar contra Venezuela. ¿Tan corta es nuestra memoria histórica?
Traición a la autodeterminación latinoamericana
Cualquier latinoamericano que apoye una intervención militar externa contra un país de nuestra región traiciona algo más profundo que una postura política. Traiciona la memoria de nuestros pueblos y la lucha por la autodeterminación que costó décadas de resistencia. No se trata de simpatizar con el gobierno venezolano, sobre cuyos problemas democráticos existen críticas legítimas. Se trata de defender un principio básico: ninguna potencia extranjera tiene derecho a decidir el destino de nuestros países mediante la fuerza militar.
Venezuela enfrenta tensiones internas profundas y una crisis económica severa. Pero esos desafíos deben ser resueltos por los venezolanos mediante procesos políticos internos, no por misiles, comandos especiales ni operaciones encubiertas que históricamente han dejado a países latinoamericanos sumidos en un caos prolongado.
Cuando una potencia interviene militarmente en un país que posee las mayores reservas de petróleo del planeta más de 300,000 millones de barriles, la sospecha de que busca controlar esos recursos no es paranoia, sino una lectura histórica fundamentada. Irak, Libia, Venezuela: el patrón es demasiado claro.
El Caribe no es patio trasero de nadie
Como dominicano, como caribeño y como latinoamericano, no puedo quedarme callado ante esta agresión contra la soberanía de un pueblo hermano. El Caribe no es patio trasero de nadie, aunque la Doctrina Monroe de 1823 haya pretendido establecer esa subordinación durante dos siglos. Nuestra región ha pagado demasiado caro cada vez que potencias extranjeras decidieron por nosotros, desde las intervenciones en Cuba, Nicaragua, República Dominicana, Granada y Panamá, hasta las dictaduras que Washington respaldó cuando le convino.
La soberanía no es un concepto abstracto, sino la condición mínima para que un pueblo pueda existir con dignidad. Defender la soberanía venezolana no es defender un gobierno específico, sino defender el derecho de todos nuestros pueblos a no ser invadidos cuando sus decisiones políticas no coincidan con los intereses de Washington.
La historia nos juzgará por cómo respondimos cuando el imperio volvió a mostrar sus colmillos en nuestras aguas. Yo he elegido el lado de la memoria, la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos.
