La decisión fue adoptada por el juez Raymundo Mejía.
“Corre un plazo para que esas víctimas decidan si se van a adherir o no a la acusación del Ministerio Público o si por el contrario van a presentar una acusación particular. Y a partir de ahí dio un plazo de 30 días a las víctimas a esos fines”, dijo Plinio Pina, abogado de uno de los querellantes.
“Bueno, hay que ver cuáles fueron las razones que tuvo el Ministerio Público para excluir a la razón social. Vamos a analizar la acusación. Eso está muy mal”, aseguró Plutarco Jáquez, abogado de otro de los querellantes.
A la primera audiencia preliminar asistieron decenas de familiares de las víctimas y sobrevivientes, quienes exigen justicia por lo ocurrido.
“Porque son arrogantes, porque no muestran ningún tipo de humanidad ni humildad. Somos nosotros los que tenemos que pedirle perdón a ellos, parece. Ellos entran con su cara muy alta y quiero que vean cómo los protegen, porque el Ministerio Público y la justicia está del lado de ellos, protegiéndolos a ellos”, dice Ana María Ramírez, familiar de una de las víctimas..
“Aquí no hay justicia en este país porque nunca ha habido”, se quejó Serafín de Jesús, padre de unas de las víctimas.
“Tampoco confío, porque aquí el que tiene dinero. Ahí está con su cara muy limpia, mirando a uno le da rabia verlo de nuevo a ellos. Yo quisiera que me lo entreguen”, dice Rómula Primitiva, madre de una de las víctimas.
El Ministerio Público acusa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat como responsables de la operación del establecimiento ubicado en la avenida Independencia del Distrito Nacional y de haber incurrido en homicidio involuntario y de golpes y heridas involuntarias, delitos tipificados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal.
El juez Raymundo Mejía ha establecido un cronograma de trabajo para conocer la audiencia preliminar, es decir, que cada lunes se conocerá en esta sala de audiencias.
Protesta de familiares y movimientos
Con una petición unísona de justicia acudieron frente a esta fiscalía los familiares de los 236 muertos y 180 heridos que hace nueve meses dejó la tragedia del jet set.
Utilizando pancartas en mano, desde tempranas horas exigieron condenas de cárcel para los propietarios de la discoteca Maribel y Antonio Espaillat, contra quienes inició este lunes la audiencia preliminar del caso por presunta negligencia en la sobrecarga del techo del emblemático establecimiento.
“Hemos visto como cierto hermetismo, cierto favoritismo hacia estos dos personajes y nada, de verdad que no te voy a decir que no confío en la justicia de aquí, pero creo más en la justicia divina”, dice Joel Frías, familia de víctima
«El grupo de Haineros de la Época Dorada fuimos los más afectados en toda la República Dominicana por este acontecimiento, ya que perdimos 12 de nuestros miembros y más de 30 ciudadanos haineros también murieron ese fatídico 8 de abril”, dice Secundino Pérez, miembro de los Haineros Dorados..
Varios grupos como Movimiento Justicia Jet Set, la Antigua Orden Dominicana y el sacerdote Rogelio Cruz asistieron a la manifestación en apoyo a los afectados.
“Esperamos más que todo, no solamente juicio de fondo, sino que los jueces tengan sensatez en que esto tiene que ser un ejemplo para que haya más supervisión y no ocurran casos similares a este”, advirtió Angelo Vázquez de la Antigua Orden.
“Entendemos que hasta este momento lo que ha habido es negación de justicia y las acciones, por ejemplo, responsables sobre todo Antonio Fallá, tenemos datos de compra de una empresa por más más de 3 millones de dólares. Entonces espérate, dale 5 chele a gente que perdieron sus seres queridos. Esto no tiene punto de comparación”, se quejó el padre Rogelio Cruz.
Debido al ambiente de protesta, la Policía Nacional dispuso un amplio cerco de agentes de seguridad que restringió el acceso. Los manifestantes dijeron confiar en que los hermanos Espaillat no sean absueltos de este caso que estremeció a todo el país.
Tragedia Jet Set
Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos en junio de 2025, aunque posteriormente se les otorgó la libertad condicional. El Ministerio Público les imputa homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.
Según la investigación oficial, durante años el Jet Set operó con una “sistemática y grave negligencia” en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de clientes y empleados.
El colapso ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras cientos de personas asistían a una presentación del merenguero Rubby Pérez, quien falleció en el siniestro junto a uno de los músicos de su orquesta.
Entre las víctimas también figuran el exlanzador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, el diseñador Martín Polanco, y un hijo del ex presidente del Senado y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.
Asimismo, las autoridades confirmaron la muerte de ciudadanos de varias nacionalidades, incluidos 18 venezolanos, además de franceses, hispano-dominicanos, haitianos, colombianos, costarricenses, italianos y un keniano.
