Mateo denunció que, pese a que la administración ya contaba con determinados documentos, se les exigió salir del lugar para obtener nuevas copias y continuar el proceso. Según explicó, esto ocurrió luego de permanecer en largas filas de espera.
“¿Tú sabes cuánto cuesta una copia?”, expresó el jurista durante el programa, al cuestionar el cobro de 50 pesos por documento y señalar que muchas personas no cuentan con recursos suficientes para asumir gastos adicionales durante este tipo de diligencias.
Asimismo, recordó que la Ley 107-13 establece que las instituciones públicas no deben requerir nuevamente documentos que ya reposen en sus archivos. Consideró que estas prácticas afectan el principio de buena administración y generan trabas innecesarias para los ciudadanos.
El abogado también relató que enfrentaron retrasos relacionados con la liberación de un préstamo ya saldado, situación que los obligó a trasladarse nuevamente a distintas oficinas para validar informaciones en el sistema.
Finalmente, pidió a las autoridades revisar los procedimientos administrativos y mejorar la atención a los usuarios. A su juicio, este tipo de situaciones provoca pérdidas de tiempo y mayores gastos para quienes realizan trámites públicos.
