El 21 de julio, 2021, asistí a una audiencia en la Novena Cámara en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, contratado para defender al Modelo de Gestión Penitenciaria y a su Directora Magistrada Hilda Patricia Lagombra, de una demanda en pago de astreinte por supuestamente no ofrecer servicios médicos a una interna.
La demanda también era contra la Dirección General de Prisiones y la Procuraduría General de la República, contra las que el Juez había acogido un amparo por el mismo motivo, imponiendo un astreinte de 3,000.00 por cada dia de retraso de brindarle servicios médicos a la interna.
El autor de las demandas fue el Lic. Félix Humberto Portes y la base un documento falso, que establece falsedades sobre el hospital de San Cristobal donde se lleva a la interna.
La declaración la ofrece Ismael Rafael de Peña Rodriguez, ex alguacil de Santiago, donde reside,cancelado por malas actuaciones, ante un notario de Santo Domingo, lo que lo hace nulo. Ese señor es chofer de Portes y lo ha usado en Barahona, San Francisco de Macoris, Santiago Rodríguez, usando documentos falsos contra la familia Brito Serrano, a los que Diana Alejandra Batista Céspedes, defendida de Portes, mandó a incendiar la casa muriendo cuatro miembros de la familia.
En la Novena Cámara Penal, junto a los demás abogados de la barra de la defensa, desenmascaramos, denunciamos a Félix Portes y se rajó al presentar un desistimiento, lo que no debe impedir que la Procuraduría General de la República abra una investigación contra Félix Portes e Ismael Rafael de Peña Rodríguez, quien se pasaba las audiencias haciéndome fotos y grabando con su celular, lo que llamó la atención de una agente penitenciaria.
Al salir de la audiencia del 21 de julio, abordé un taxi de los que están frente al Palacio de Justicia, ya que marqué a varias compañías y no tenían disponibles, al llegar al malecón un motorista me arrebató el celular, en medio de un tapón y se marchó entre carros; fui al Palacio de la Policía y puse la denuncia.
Como me recomendaron, llamaba y visitaba a la Policía y siempre decían que no localizaban el celular porque no lo estaban usando, lo que siempre puse en duda.
Decidí contarle el caso a mi amigo el Gral. Then, quien instruyó al responsable del DICRIM y este al oficial que trabaja los casos de celulares robados y agárrense para que no se caiga con lo que descubrieron:
El celular lo estaban usando, lo ubicaron en Santo Domingo, descubrieron a quien lo usaba, había cambiado el chip, cambió de la compañía Altice a Claro, lo que dice INDOTEL, que está prohibido, ya que implica activar un celular reportado robado, con orden de rastreo dada por un Juez para ambas compañías, las que a veces en su competencia le hacen un flaco servicio al país, ayudando a la delincuencia, no a su combate.
De mi parte, doy seguimiento al caso, que no termina con la entrega del celular que me hizo el equipo del General Then, sino que sigue en la justicia para que sean sancionados todos los que por acción u omisión tienen que ver con el caso, propósito en el que sé que me ayudará el General Then y el Ministerio Público, por lo que les doy las gracias.
